Moratoria en el pago de hipotecas

La actual situación de crisis sanitaria y las medidas de confinamiento adoptadas tienen un impacto inconmensurable en la economía doméstica. En este contexto, una de las medidas adoptadas por el Gobierno es la previsión de una moratoria en el pago de las hipotecas destinadas a la compra de vivienda habitual, medida destinada sólo a los supuestos de vulnerabilidad económica.

En concreto, se prevé en los artículos 7 al 16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Los requisitos para poder optar a esta moratoria son:

En primer lugar, debe tratarse de un préstamo garantizado con hipoteca inmobiliaria para la adquisición de la vivienda habitual. Por lo tanto, en virtud de esta medida, no puede solicitarse el aplazamiento de otro tipo de préstamos personales sin garantía real, ni tampoco a los préstamos inmobiliarios cuyo destino no sea la adquisición de la vivienda habitual.

Ante esto, surge la cuestión sobre si la moratoria es aplicable a las segundas hipotecas sobre la vivienda habitual cuyo destino sea distinto de la adquisición de la vivienda. Por ejemplo, los préstamos destinados a la financiación de un negocio.

 

En segundo lugar, para poderse beneficiar de esta medida, el deudor debe encontrarse en los supuestos previstos de vulnerabilidad económica:

a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

i.Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM)

ii.Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

iv.En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v.En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto siguiente.

Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

El plazo para lo solicitarlo se extiende hasta quince días después del fin de la vigencia del real decreto-ley que en principio está previsto para un mes desde su entrada en vigor, por lo que en principio, se podrá solicitar hasta el 3 de mayo.

La solicitud debe efectuarse ante el acreedor, es decir ante el banco o entidad financiera que haya concedido el préstamo, quien deberá implementarla en un plazo máximo de 15 días.

La implementación de la moratoria comportará que durante su periodo de vigencia, la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses ni ordinarios ni moratorios.

El texto legal prevé una disposición destinada a disuadir del abuso de esta medida extraordinaria, disponiendo la responsabilidad del deudor por los daños y perjuicios que haya ocasionado como consecuencia de su indebida aplicación sin reunir los requisitos para ello, así como los gastos generados por la aplicación de estas medidas, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden.

Sobre el importe de los daños y perjuicios producidos, la cuantificación se antoja complicada, puesto que el daño para las entidades financieras de esta impuesta refinanciación se producirá en todo caso tanto en los supuestos en que su aplicación sea debida como indebida. En cualquier caso, el importe de los daños y perjuicios no puede resultar inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma.

Finalmente, también incurrirá en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas, correspondiendo la acreditación de esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el préstamo o crédito.

Comunicado de Ges40 Legal Services en relación con el Covid-19 y la declaración de estado de alarma

A la vista de la situación de Emergencia Sanitaria por Covid-19 y la declaración de estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, en GES40 Legal Services hemos decidido adoptar las siguientes medidas a fin de salvaguardar la salud de nuestros clientes, trabajadores y proveedores:

– El personal de Ges 40 Legal Services continuará atendiendo las necesidades de todos sus clientes mediante la conexión remota desde sus domicilios particulares.

– La atención telefónica será de 9.00h a 14.00h

Les recordamos, los aspectos clave que a nivel jurídico-procesal se establecen en el Real Decreto 463/2020

  • Suspensión general de plazos y términos procesales y administrativos

En general, se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales y para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

  • Excepciones para actuaciones urgentes:

Se establecen algunas excepciones con carácter general, para actuaciones urgentes, como son las encomendadas a los servicios de guardia en el orden jurisdiccional penal, entre otras.

Igualmente se establece la posibilidad de que el juez, tribunal o bien el órgano administrativo competente acuerde la práctica de actuaciones judiciales necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

  • Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

No duden en contactar con nosotros para ampliar esta información o bien la relativa a sus expedientes en: info@ges40.com

La Responsabilidad Profesional de los Corredores en el  Real Decreto-Ley 3/2020 para la transposición de la Directiva de Distribución de Seguros

El texto que finalmente ha sido aprobado para transponer la Directiva de Distribución de Seguros en lo relativo a la responsabilidad de los corredores se ha visto modificado en relación con el último Proyecto de Ley presentado en el Congreso el pasado 7 de junio de 2018.

En efecto, el Proyecto en su artículo 29 relativo a concepto de corredor eliminaba las referencias a las funciones del corredor relativas a velar por las concurrencia de requisitos que ha de reunir la póliza para su eficacia y plenitud de efectos y también a asesorar en caso de siniestro que si se contenían en la Ley 26/2006.

El nuevo texto aprobado por Real Decreto- Ley recupera dicha mención y mantiene la redacción de la Ley 26/2006 en lo relativo a las funciones de los corredores. Así, el artículo 155 del Real Decreto-Ley establece:

Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de distribución de seguros, ofreciendo asesoramiento independiente basado en un análisis objetivo y personalizado, a quienes demanden la cobertura de riesgos. Los corredores de seguros deberán informar a quien trate de concertar un seguro sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer la cobertura que de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapte a  las necesidades de aquel; asimismo, velarán por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenitud de efectos. Igualmente vendrán obligados durante la vigencia del contrato de seguro en que hayan intervenido a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclamen sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarles su asistencia y asesoramiento.

El motivo por el cual habían quedado eliminadas dichas funciones del corredor de su regulación resulta desconocido, posiblemente haya sido un olvido del legislador.

Veremos que ocurre con el debate y votación para la convalidación del Real Decreto-Ley en el congreso que tiene que tener lugar en el plazo máximo de 30 días, posiblemente el texto permanecerá inalterado.

Transposición de la Directiva de Distribución de Seguros

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea.

El Real Decreto-Ley que consta de 2 libros y transpone 6 Directivas, entre ellas, la Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, entra en vigor el 6 de febrero de 2020, día siguiente a su publicación en el BOE.

La finalidad de la norma, según su propia exposición de motivos es garantizar la protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios por contrato de seguro, así como promover la libertad en la contratación de productos de naturaleza aseguradora.

Las principales novedades de la nueva regulación se centran en la regulación exhaustiva del deber de información al cliente de productos de seguros, detallándose la información general previa a proporcionar por la entidad aseguradora, la información previa que debe facilitar el mediador de seguros, la información y asesoramiento previos a la suscripción del contrato de seguro y el documento de información previa en el contrato de seguro.

El distribuidor de seguros deberá además informar acerca de la remuneración recibida en relación con el mismo. Esta obligación se concreta para los mediadores de seguros con la obligación de informar si en relación con el contrato, trabajan a cambio de un honorario, de una comisión, de cualquier otro tipo de remuneración.

En cuanto al régimen transitorio, se establece un plazo de adaptación de 3 meses tanto para aseguradoras y reaseguradoras como para los mediadores de seguros.

El real decreto no será de aplicación a los contratos de seguro suscritos con anterioridad a su entrada en vigor.

En cuanto a los contratos de mediación y distribución de seguros celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, deberán adaptarse a las nuevas obligaciones de información y normas de conducta que resulten aplicables.

Nuevas exigencias de ahorro de energía y salubridad para las edificaciones

El pasado 27 de diciembre de 2019 se publicó en el BOE el Real Decreto 732/2019 de 20 de diciembre por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación que servirá para la mejora de la eficiencia energética de los edificios y que recoge, entre otras cuestiones, el nuevo “Documento Básico de Ahorro de Energía” y la nueva sección del “Documento Básico de Salubridad” dedicada a la protección de los edificios frente a la exposición al gas radón.

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, define el Código Técnico de la Edificación (CTE) como el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones.

El Código Técnico de la Edificación (CTE) previsto en esta ley se aprobó mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

La Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, establece la obligación de revisar y actualizar los requisitos mínimos de eficiencia energética periódicamente, a intervalos no superiores a cinco años, con el fin de adaptarlos a los avances técnicos del sector de la construcción. Por ello, era necesaria una nueva revisión del Documento Básico DB-HE de «Ahorro de Energía». En esta revisión se introducen modificaciones en la estructura de las exigencias básicas para adaptarlas a la normativa europea, se revisan los valores mínimos de eficiencia energética que deben cumplir los edificios y se actualiza la definición de edificio de consumo de energía casi nulo.

Por otro lado, el 5 de diciembre de 2013 se aprobó la Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. En esta Directiva se obliga a los Estados miembros a establecer niveles nacionales de referencia para las concentraciones de radón en recintos cerrados y a adoptar medidas adecuadas para limitar la penetración del radón en los edificios.

Como consecuencia de lo anterior y para la transposición parcial de esta Directiva, mediante el real decreto se introduce una nueva exigencia básica de salubridad HS 6, de protección frente al gas radón, por la cual se obliga a que, en los edificios situados en los términos municipales en los que se ha apreciado un nivel de riesgo no despreciable, se dispongan los medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada en su interior, a radón procedente del terreno. Dicha exigencia básica es desarrollada mediante la inclusión de una nueva sección en el documento básico DB HS de «Salubridad», donde se caracteriza y cuantifica la exigencia, y se establecen los criterios para la verificación y justificación de su cumplimiento.

Asimismo, teniendo en cuenta los efectos que sobre los cerramientos exteriores del edificio podrían derivarse del incremento de las nuevas exigencias reglamentarias de eficiencia energética, se realizan algunas modificaciones en el Documento Básico DB SI de «Seguridad en caso de incendio», para limitar adecuadamente el riesgo de propagación del incendio por el exterior del edificio.

Las anteriores modificaciones serán de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras una vez transcurrido el plazo de seis meses desde su entrada en vigor. Es decir, para las licencias de obras solicitadas a partir del 28 de junio de 2020.

 

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA ESTABLECE QUE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS DEUDAS POR IMPAGO DE CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ES DE 10 AÑOS

Cuando en la aplicación de asuntos sustancialmente iguales, el criterio interpretativo de los tribunales es distinto, la Ley habilita diversos medios que tienen por objeto perseguir su uniformidad. Todo ello, en aras al principio de seguridad jurídica. 

En definitiva, se trata de evitar que, a la hora de impartir Justicia, ante hechos idénticos, los Tribunales apliquen soluciones distintas, extremo este difícil de entender, tanto para el justiciable como, en muchas ocasiones, para los operadores jurídicos. Es pues necesario que, en tales supuestos, se busquen criterios uniformes.

Uno de los mecanismos es el recurso de casación para la unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo, pero también La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artº 264, prevé le búsqueda de criterios de uniformidad.

Pues bien, esto último es lo que ha sucedido en la reciente reunión celebrada el pasado día 15 de noviembre en la reunión de Presidentes de las Secciones de Civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona. El debate planteado tenía por objeto dirimir si es de aplicación el plazo general del artículo 121-20 del Código Civil de Catalunya, a tenor del cual “las pretensiones de cualquier clase prescriben a los diez años, a menos que alguien haya adquirido el derecho de usucapión o que el presente Código o las leyes especiales dispongan otra cosa” o, por el contrario, el artículo 121-21 del mismo cuerpo legal, que establece un período de prescripción de tres años para las pretensiones relativas a pagos periódicos que deban efectuarse por años o plazos más breves.”

El argumento de la aplicación del plazo de prescripción de tres años, tiene su fundamento en el carácter periódico de las cuotas de la CP, puesto que anualmente, mediante la celebración de la correspondiente Junta obligatoria, se determina el importe de las contribuciones de cada copropietario (cuotas, derramas, aportación al fondo e reserva, así como la liquidación de las deudas), todo ello al amparo de los artículos 553-4 y 553-20 del Código Civil de Cataluña (en adelante CCAT). 

Sin embargo, este último posicionamiento, choca frontalmente con la previsión del artº 553-5 del CCAT, que impone la afección real de los bienes privativos del deudor (es decir el piso, plaza de parquing, local, etc), que responden del importe de la deuda de sus titulares, por razón de cuotas ordinarias o extraordinarias y fondo de reserva, correspondientes al año en curso y los cuatro inmediatamente anteriores. Ello sin perjuicio, si procede, de la responsabilidad de quien transmite.

Precisamente esa afección real del elemento privativo, correspondiente a deudas de año en curso y cuatro inmediatamente anteriores, no resulta compatible con el plazo de prescripción trianual antes indicado.

Por tal circunstancia, los Presidentes de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona, han adoptado el acuerdo que el plazo de prescripción de la acción para reclamar cuotas comunitarias es de DIEZ AÑOS.

 

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Román Piñana

Socio Abogado

 

 

 

 

¿Y YO POR QUÉ IBA A NECESITAR UN SISTEMA DE COMPLIANCE?

En plena Segunda Guerra Mundial, un estudio llevado a cabo por las fuerzas aéreas estadounidenses generaría para la posteridad un ejemplo paradigmático del sesgo de supervivencia y de sus consecuencias  en la valoración de la realidad y la predicción de resultados.

Ante el alto número de bajas que sufrían los bombarderos del bando norteamericano, un equipo formado por ingenieros y otras grandes mentes de la nación se embarcó en el reto de mejorar la resistencia de dichos aparatos.

Reforzar la estructura completa de los aviones no era una opción, pues ello aumentaría significativamente su peso y afectaría a sus principales prestaciones.

Ante tal problemática, el equipo al cargo de gestionar dicha crisis registró el estado de los aviones tras su regreso a las bases. A partir de la valoración de los puntos de alcance consiguieron mapear las zonas más dañadas y concluyeron que éstas (en concreto, alas, tronco y cola del avión) eran las más expuestas y por ende las que requerían un mayor refuerzo en su protección.

Tras implementar esta medida de reducción del riesgo, pudieron monitorizar los resultados. Sin embargo, en números relativos, no obtuvieron el éxito a priori esperable: La media de aviones que regresaban antes y después del cambio se mantuvo.

No obstante,  de los errores se aprende. Uno de los miembros del grupo de trabajo, el estadista Abraham Wald, pronto dio con la solución al enigma planteado, pues se supo víctima, junto a sus compañeros, de la limitación que su juicio había sufrido a causa del sesgo de supervivencia.

El sesgo de supervivencia es aquella falacia lógica que, para obtener una conclusión, se concentra en las personas o cosas que superaron un proceso de selección, mientras que pasa por alto aquellas que no lo hicieron.

En la anécdota relatada, el equipo de ingenieros había tenido en cuenta para su análisis tan solo aquellos aviones que retornaban, es decir, aquellos aparatos que, a pesar de todo, no habían sufrido daños lo suficientemente críticos como para derribarlos. Por tanto, aun habiendo detectado las zonas más expuestas y, por ende, aquellas cuya probabilidad de sufrir daños era más alta, obviaron su bajo impacto.

Tan solo bastaba con contemplar el negativo de la fotografía: en el morro, motores y cabina se observaban muchos menos impactos, debido a que habían quedado fuera del registro ya que muchos de los aviones alcanzados en aquellas zonas no regresaron. Las zonas menos expuestas, cuya probabilidad de materialización del riesgo era más baja, eran justamente aquellas susceptibles de sufrir daños con un alto impacto.

Tan pronto como se reforzaron las zonas menos expuestas de los aparatos voladores (y a la vez, las más peligrosas), el número de aviones que retornaban aumentó exponencialmente, muchas veces en estados límite, y aun así, con un piloto superviviente. Los beneficios no se concretaban únicamente en reducir el número de bajas (un hito, de por sí), sino que ahora era posible obtener información de primera mano que permitiese mejorar no solo la resistencia del aparato, sino aquellos problemas que el propio piloto hubiese podido detectar.

Un fenómeno parecido se produjo en la Primera Guerra Mundial, cuando el ejército francés modificó el uniforme de sus soldados para sustituir la gorra por un casco: En pocas horas, las enfermerías del ejército empezaron a llenarse con soldados supervivientes que habían sufrido daños en la cabeza.

La historia siempre nos brinda la oportunidad de utilizar sus enseñanzas en nuestro presente. Las anteriores anécdotas bélicas son fácilmente extrapolables a la gestión de los riesgos en general, y, en particular, los de las organizaciones.

Es razonable que el órgano de gobierno de una organización considere que su organización goza de un sistema de control y gestión de riesgos suficiente por el simple hecho de que nunca ha ocurrido nada significativamente grave, y los problemas que se han materializado hasta el momento han tenido siempre solución. Al fin y al cabo, lo contrario implicaría desconfiar de aquello de lo que uno es el responsable.

También es posible que, en un grado menor de confianza, considere que ya se han establecido métodos suficientemente seguros en aquellas zonas más expuestas de su organización, y que una intervención en el resto de la organización únicamente perturbaría innecesariamente el ritmo normal de trabajo.

Si bien son legítimas estas visiones, las organizaciones no dejan de ser grandes aparatos de producción de bienes y servicios, que ejercen un impacto continuo en su entorno y se exponen de forma constante al riesgo. Una consideración demasiado optimista de la situación real, combinada con una política de mínima intervención y control de la actividad pueden conformar una sensación subjetiva de seguridad, sesgada por el buen resultado “hasta el momento”, meridianamente alejada de la realidad. El riesgo se encuentra especialmente donde uno menos lo espera.

A mayor abundamiento, esa autocomplacencia y conformismo con el estado actual de las cosas en muchas ocasiones puede esconder tres fenómenos mucho peores: la habituación al riesgo, el compañerismo mal entendido y la sensación de anonimato dentro de la estructura de la organización. Fenómenos que conducirán incluso a la aceptación de la materialización del riesgo porque “siempre se ha hecho así”, porque “yo no quiero ser el chivato” o porque “nadie sabrá que he sido yo”.

A pesar de la relativamente reciente modificación del Código Penal para introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica, hecho que en España ha puesto en boca de muchos el término Compliance, en algunos Estados hace varios años que las organizaciones dedican muchos recursos a su autogestión segura y ética, y se responsabilizan de sus actos negligentes y desleales ante las administraciones públicas, de Justicia, así como ante sus clientes y colaboradores. Con el paso del tiempo, la prensa ha ido recogiendo sucesos de todo tipo en los que muchas organizaciones han quedado comprometidas a causa de la eventual materialización de un riesgo, ya fuera de forma deliberada o no.

En la Wall Street Journal CEO Council de 2018, el CEO de la compañía de ciberseguridad Dark Trace, Nicole Eagan, aprovechó su intervención para compartir una anécdota profesional referente a un robo de información perpetrado por un grupo de hackers informáticos que había sido capaz de hallar el talón de Aquiles del sistema informático de un Casino.

Sus averiguaciones en aquella ocasión los llevaron a determinar que los ladrones habían accedido al sistema utilizando como puerta de entrada un método insólito: el acuario del vestíbulo.

Si bien no era más que un elemento decorativo, aparentemente inofensivo, contaba con un termómetro inteligente que monitorizaba de forma constante la temperatura del agua y permitía su control a distancia mediante su conexión a la red de Internet del casino. Se trataba de un dispositivo de aquellos que engloba el concepto “Internet de las cosas” (‘Internet of Things’, o ‘IoT’), en el que se incluyen también otros aparatos como televisores, relojes, cámaras de seguridad o incluso neveras, y que, por regla general, no cuentan con ningún tipo de protección ante posibles ataques informáticos.

El grupo de hackers logró introducirse en la red del casino utilizando como puerta de entrada el termómetro, y una vez dentro, nada le impidió acceder a los archivos donde se custodiaban los datos de los grandes apostadores.

Como podrá ver el lector, tanto más daba la cantidad o intensidad de los protocolos de seguridad que los responsables del casino hubiesen implementado en aquellas áreas (a su juicio) más expuestas o peligrosas. El error no había sido utilizar un termómetro inteligente. El Casino utilizaba una sola red informática y una misma conexión a Internet para controlar el termómetro y al mismo tiempo custodiar los datos identificativos de su clientela; tampoco protegía el acceso con una clave o, en caso de utilizarla, ésta no era lo suficientemente segura; finalmente, no había restringido los permisos de acceso a los datos más sensibles a unas personas determinadas, ni tampoco contaba con personal informático a cargo de la vigilancia y, en caso de detección, defensa ante un hipotético ataque en la red. No se trataba de un error, algo equiparable a la mala suerte: Se trataba de una cadena de errores fatales que se podían haber evitado con el debido control.

Es un ejemplo claro de las graves consecuencias que el exceso de confianza combinado con la falta de un análisis de riesgos exhaustivo y la falta de voluntad de poner remedio a los mismos pueden conllevar.

Como ejemplo de lo contrario podemos remitirnos a la reciente brecha de seguridad que sufrió la compañía nacional Telefónica, y que dejó al descubierto los datos personales de facturación de sus clientes así como sus registros de llamadas. Tan pronto como fue detectada dicha brecha la organización puso remedio a la misma, informó y se puso a disposición de las instancias competentes e investigó el posible acceso fraudulento por terceros, concluyendo que no se había producido. Una gestión eficiente de la crisis llevó a solucionar el conflicto en apenas 24 horas. Ningún sistema es completamente infalible; sin embargo, una adecuada preparación para lo peor puede solventar la materialización de un riesgo con consecuencias mínimas, o incluso sin ellas. En el peor de los casos, permitirá justificar a la organización que ha hecho todo lo que estaba en su mano para evitarlo.

En el otro lado de la baraja se encuentran aquellas organizaciones que no solo no cuentan con un sistema de control que impida la materialización de un riesgo, sino que deciden aprovechar los comportamientos desleales para obtener una ventaja competitiva frente al resto.

El pasado mes de abril saltó a la prensa el caso de una empresa situada en Valladolid que se dedicaba a la producción de semilla de cereal de trigo certificada. De acuerdo con la sentencia que acabó condenando tanto a su administrador como a la propia entidad jurídica, habían producido trigo de dos variedades protegidas para su posterior comercialización entre los agricultores como si se tratase de semilla certificada, falsificando para ello las etiquetas de los envases.

A principios de verano la Guardia Civil destapó una trama de estafa orquestada por una empresa granadina que vendió cientos de toneladas de pepino convencional con la etiqueta de producto ecológico o “bio” y al doble de su precio, aumentando su margen de beneficios de forma fraudulenta.

Finalmente, este mismo mes de noviembre otra organización domiciliada en el País Vasco ha sido condenada por el Tribunal Supremo por haber creado un sitio web con el nombre de una empresa competidora y redirigirla a una página pornográfica para minar su reputación.

Son muchos los ejemplos, y todos conducen a la misma conclusión: No basta solo con agudizar los sentidos y realizar un debido análisis de los riesgos organizacionales; todo examen, por pormenorizado que sea, será inútil sin una firme voluntad de la organización de actuar en el mercado de forma ética y leal.

El experto en Compliance debe desarrollar una pormenorizada tarea de inmersión en la organización, siempre de la mano de su órgano de gobierno y con la ayuda de todos los miembros de la misma, de modo que pueda identificar, dimensionar  y buscar soluciones proporcionales y eficientes para los riesgos reales a los que la misma se halla expuesta. En muchas ocasiones, el riesgo más probable podrá ser el menos relevante por su potencial impacto, y viceversa.  Ello no quiere decir que deba ser ignorado. Significa que debe recibir la debida atención en el conjunto de riesgos detectados.

La falsa creencia de seguridad porque hasta ahora todo ha ido bien puede conducir a un fallo estratégico catastrófico, que en caso de materialización de un riesgo, deje a la organización absolutamente expuesta a consecuencias administrativas, penales y reputacionales.

Sin embargo, el Sistema de Compliance está vivo, y se manifiesta a través de todos y cada uno de los miembros de la organización, siendo el órgano de gobierno el primero en la lista. Sin su colaboración, el Sistema no es más que papel mojado.

La implementación de un Sistema de Compliance exhaustivo y hecho a medida de la organización puede ser la barrera cortafuegos que 1) identifique el riesgo y lo valore a partir de un método técnico contrastable, 2) evite su materialización mediante la implantación de medidas y controles eficientes y proporcionales a la capacidad de la organización, y 3) en caso de no haber podido evitarla, justifique que la organización ha hecho todo lo que razonablemente estaba en su mano para impedirlo, reduciendo los potenciales daños por sanciones administrativas o judiciales, así como salvaguardando su reputación.

Paralelamente, si existe una implicación real, un Sistema de Compliance es la mejor prueba de la participación de la organización en el mercado bajo unos principios éticos firmes e inquebrantables, que nutren todas y cada una de sus actividades y la de sus miembros, alineándolos en el seno de una cultura ética contraria a las actitudes desleales.

 

David Medrano

Abogado

Oferta laboral: Ges40 busca un abogado o abogada en prácticas

En Ges40 buscamos abogado o abogada en prácticas que quiera iniciar su carrera profesional en nuestra casa. Somos un despacho de servicios jurídicos que ofrece asesoramiento integral tanto a empresas como a particulares en todos los ámbitos del derecho.

El perfil requerido es el de una persona joven, dinámica, con buen expediente académico, proactiva, con capacidad de esfuerzo y resolución de problemas. Es imprescindible que cumpla también estos requisitos:

– Grado en Derecho
– Posibilidad de realizar un contrato de prácticas

En Ges40 nos gusta potenciar el talento natural y la vocación de los profesionales del derecho y los ayudamos a convertirse en poco tiempo en profesionales de primer nivel, capaces de resolver autónomamente cuestiones jurídicas y a intervenir en procedimientos judiciales en defensa de los intereses de los clientes.

Si cumple las condiciones que pedimos, envíenos el currículum a info@ges40.com antes del 30 de enero de 2020.

Ges40 analiza el impacto de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo

Ges40 analiza el impacto de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019 sobre la cláusula de Vencimiento Anticipado contenida en los contratos de préstamo hipotecario

Tras las resoluciones del TJUE a las cuestiones prejudiciales planteadas, el Tribunal Supremo en su función de armonización, se pronuncia finalmente sobre los supuestos en que procede sobreseer las ejecuciones hipotecarias en curso en las que no se haya producido todavía la entrega de la posesión. Propone el artículo 24 de la Ley de los Contratos de Crédito Inmobiliario, como “elemento orientativo de primer orden” para valorar la esencialidad de la obligación incumplida, la gravedad del incumplimiento con relación a la cuantía y duración del préstamo, y la posibilidad real del consumidor de evitar esa consecuencia. Permitiendo en determinados supuestos, amparar la continuación de la ejecución en la concurrencia de los requisitos exigidos en dicho artículo, aun cuando la cláusula de vencimiento anticipada contenida en la escritura sea nula. Además, establece la posibilidad de instar nuevas demandas ejecutivas, en determinados supuestos en los que se haya previamente declarado su sobreseimiento.

¡Descárgate la presentación completa aquí!

El valor del silencio en la contratación. Correo electrónico sin respuesta. ¿El que calla otorga?

En cualquier ámbito profesional,  se cruzan a diario decenas de correos electrónicos, algunos de ellos son meramente informativos los “PVI”, otros requieren de una actuación o control,  en algunos se nos formulan consultas o se nos pide opinión y otros pueden tener una verdadera relevancia contractual.

La falta de respuesta a determinados correos electrónicos, al margen de poderse considerar una falta de consideración hacia el remitente, puede tener también determinados efectos jurídicos.

En efecto, el correo electrónico constituye como es sabido, una forma más de contratación entre ausentes (artículo 1262 CC) y solo cuando se concluyen entre empresarios y consumidores, es de aplicación la normativa especialmente protectora del consumidor. 

Recientemente el Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de octubre de 2019, se ha pronunciado a cerca del valor del silencio en la contratación y concretamente para el supuesto de dejar un correo electrónico sin respuesta.

Podemos decir que en general, en derecho, el que calla no otorga, el que calla no dice nada. Es decir, el silencio no supone una declaración. Ahora bien, en determinadas circunstancias, el silencio puede ser interpretado como tácita manifestación del consentimiento. 

En el caso resuelto por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, tras relaciones profesionales que habían durado más de 15 años, una de las partes remite un correo electrónico estableciendo nuevas condiciones de facturación. Es decir, proponiendo una novación modificativa del contrato que afectaba a un elemento tan esencial como el precio.

La falta de respuesta al correo electrónico es interpretada por la Sala Primera como una manifestación del consentimiento, por cuanto, si el silente se oponía al nuevo sistema de facturación, lo lógico y acorde con la buena fe contractual, era manifestarlo mediante contestación al correo electrónico.

 

María Ruiz

Socia Abogada