Nuevo texto refundido de la Ley concursal

El Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, tiene como objetivo ordenar en un solo texto las reformas sucesivamente aprobadas en el ámbito del derecho concursal, así como facilitar la comprensión y eliminar tanto preceptos contradictorios como duplicidades, de modo que el texto final constituya una base sólida sobre la cual se puedan incorporar en el futuro las nuevas modificaciones, algunas de ellas ya pendientes de transposición al marco jurídico estatal.

Llama la atención el aumento considerable de sus artículos, que pasa de 242 a 752. El motivo principal es poder facilitar los procesos y las interpretaciones de la norma bajo los criterios de reordenación, clarificación y armonización del contenido. Esta nueva sistemática ha supuesto el traslado y la recolocación de muchas normas contenidas en títulos diferentes de la Ley Concursal con el objeto de ordenar por materias.

La normativa se divide en 3 libros. El primero de ellos se enfoca en el ejercicio de los concursos de acreedores, con varios cambios con respecto a su antecesor. El segundo libro trata sobre el derecho preconcursal y, por último, el tercer libro se centra en cuestiones relacionadas con el derecho internacional privado, motivado por el Reglamento (UE) 2015/848.

El Libro I está dedicado como decíamos al concurso de acreedores, con una distribución de la materia muy distinta a la de la anterior regulación. Así, por ejemplo, hay un titulo especifico sobre los órganos del concurso, dividido en dos capítulos; uno dedicado al Juez del concurso y otro a la Administración Concursal; hay un titulo sobre la masa activa y otro sobre la masa pasiva; un titulo sobre el informe de la Administración Concursal; un titulo propio para el pago de los créditos a los acreedores; y un titulo sobre publicidad.

Las normas concursales generales se integran en los doce primeros títulos de este libro. Se han excluido de esos títulos aquellas normas especiales que estaban dispersas por el articulado. En el titulo final de este libro se han agrupado, junto con el concurso de la herencia, las especialidades del concurso de aquel deudor que tenga determinadas características subjetivas u objetivas.

ley concursal

El Libro II, sobre derecho preconcursal, se divide en cuatro títulos independientes: el primero tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo se ocupa de los acuerdos de refinanciación; el tercero es el relativo a los acuerdos extrajudiciales de pago; y el ultimo se ocupa de las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, sea a un acuerdo extrajudicial de pagos.

En el Libro III se incluyen las normas de derecho internacional privado que hasta ahora contenía el titulo IX de la Ley Concursal, y cuya inclusión tiene su origen en el ya citado Reglamento (UE) 2015/848, sobre procedimientos de insolvencia. Hasta ahora, algunas normas de derecho internacional privado en relación a la insolvencia se circunscribían exclusivamente al concurso de acreedores. Sin embargo, el Reglamento es de aplicación no solo a los concursos de acreedores, sino también a los procedimientos del Libro II, lo cual motiva esta inclusión, siguiendo el espíritu de esta norma refundidora.

Dada su vocación compilatoria, la Ley no introduce nuevas reglas, aunque sí cambios relevantes en la redacción. En el texto refundido se dedica un articulo a cada materia, evitando que un mismo precepto se ocupe de distintas cuestiones. Un elevado número de artículos se han redactado de nuevo, para precisar, sin alterar el contenido, cuál es la interpretación de la norma.

Esta reordenación, clarificación y armonización del derecho vigente que representa este texto refundido allana el terreno para la futura transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 (También conocida como “Directiva de segunda oportunidad”), que tiene como finalidad establecer mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia, dar una regulación más completa y coherente a los procesos de reestructuración preventiva de las deudas, simplificar el derecho concursal, aumentar la eficiencia, aligerar costes, y ampliar las posibilidades de obtención del beneficio de liberación de deudas.

Por último, cabe mencionar que aquellas medidas en materia concursal que se han adoptado con carácter urgente en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, con un ámbito temporal de aplicación limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del Estado de Alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis, convivirán durante un cierto periodo de tiempo con el nuevo texto refundido, si bien cada una en su respectivo ámbito.

David Medrano

Abogado

cotxes

La Guía de buenas prácticas para la aplicación del baremo de autos

En los últimos tiempos, los países que conforman la Unión Europea han abrazado una política basada en la mejora de la calidad técnica de las normas jurídicas, gracias a un proceso de evaluación durante la elaboración y vigencia de las mismas.

Así bien, uno de los instrumentos para efectuar la evaluación “ex post”, son las recomendaciones de buenas prácticas, las cuales lejos de suplir la tarea interpretativa de los tribunales, sirven de herramienta a los operadores jurídicos para fomentar la buena fe, la colaboración y la transparencia en la aplicación de las leyes.

Las guías de buenas prácticas son consensuadas por los diversos colectivos que intervienen en la aplicación de las normas, mediando en ocasiones la Administración Pública, como sucedió en el caso de la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Así bien, ante la problemática surgida con la interpretación de determinados artículos de la mencionada ley, a instancia del Ministerio de Justicia, se creó la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración, la cual tenía como objetivo, la elaboración de una guía de buenas prácticas para la aplicación del baremo de accidentes de tráfico.

A pesar de que la citada Guía no tiene carácter normativo, desde determinados sectores se apuesta por su utilidad erigiéndola como herramienta de apoyo de los jueces a la hora de interpretar qué es correcto y qué no, en los procesos de reclamación de indemnización por lesiones.

Un claro ejemplo de ello, sería lo relativo a la reclamación previa extrajudicial que el lesionado debe remitir a la aseguradora antes de reclamar judicialmente, pues aspectos básicos como su contenido suscitaron grandes debates entre los operadores jurídicos tras la publicación de la Ley 35/2015.

Lo cierto es que de la lectura del artículo 7 de la LRCSCVM no se deduce claramente si es obligación del perjudicado cuantificar o no la reclamación, siendo que dicha circunstancia tuvo que ser aclarada por la Guía de buenas prácticas en sus primeras sugerencias; determinando la Comisión de Seguimiento que no era obligatoria la cuantificación de la indemnización por parte del perjudicado.

Así las cosas, varios son ya los tribunales que han incluido como referencia en sus resoluciones la Guía de buenas prácticas. Un ejemplo de ello es la Sentencia de 19 de marzo de 2018, Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia, la cual cita en sus Fundamentos Jurídicos sus recomendaciones al indicar que la buena práctica exige admitir la reclamación extrajudicial previa que no contenga la cuantificación de la indemnización que se solicita, incluso en el caso de que el reclamante disponga de todos los elementos para poder calcularla y cuantificarla”.

Del mismo modo, cabe destacar la Sentencia de 14 de septiembre de 2018 dictada por la Audiencia Provincial de Granada, la cual penaliza la actitud pasiva de una compañía de seguros en la fase prejudicial, enfatizando en que dicha conducta es censurada por la Guía de Buenas Prácticas para la aplicación del Baremo de Autos.

Todo ello nos lleva a pensar, que la Guía ya influye en los mecanismos de actuación de las aseguradoras, poniéndose esto de manifiesto en los documentos de Oferta y Respuesta Motivada que emiten las compañías, siendo que la mayoría de ellas ya contienen un desglose de la valoración de los daños cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento.  

Otro extremo importante aclarado por la Guía, es lo relativo a la obligación de la aseguradora de acompañar de Informe Médico Definitivo la Oferta Motivada, determinándose que sólo quedará obligada si el lesionado aporta un informe médico pericial. Una referencia a esta recomendación podremos encontrar en la Sentencia nº 282 de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 2ª de 28 de Septiembre de 2018.

No obstante, no todos son luces en lo que respecta a la aceptación o reconocimiento de las mencionadas recomendaciones por el mundo jurídico, pues desde determinados colectivos cercanos a las víctimas de accidentes de tráfico, además de rechazarlas por insuficientes, manifiestan que la necesidad de efectuar aclaraciones a la LRCSCVM pone en evidencia las carencias y sombras de la citada norma.

La Guía de buenas prácticas para la aplicación del baremo de autos ha sido actualizada hasta en seis ocasiones desde su publicación por la Comisión de Seguimiento, la cual tiene preparada una nueva actualización que verá la luz con toda probabilidad en los próximos meses.

María Sánchez

Abogada

LOS NUEVOS SUPUESTOS CONSIDERADOS COMO ACCIDENTES DE TRABAJO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Ante la situación de crisis generalizada en todos los órdenes de la vida con motivo de la pandemia causada por el coronavirus, las principales medidas de naturaleza laboral y de seguridad social aprobadas para intentar paliar los efectos de dicha crisis sobre los trabajadores, han sido:

  • El RDL 6/2020, de 10 de marzo, de medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, en su art. 5º.
  • El RDL 13/2020, de 7 de abril, cuya Disposición Final 1ª modifica y amplía el anterior art. 5º.

Con un eminente carácter tuitivo, dicha legislación supone mejorar la protección de (i) los trabajadores que se encuentran en aislamiento (o cuarentena), (ii) los trabajadores que han sufrido un contagio del coronavirus (fuera del lugar o desarrollo del trabajo), y (iii) los trabajadores sometidos a restricción en las salidas del municipio donde tengan su domicilio; al ser consideradas estas situaciones como incapacidad temporal asimilada al accidente de trabajo, es decir, ser consideradas bajas por contingencia profesional o, coloquialmente, bajas por accidente laboral.

La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o cuarentena, la enfermedad por contagio del trabajador o la restricción en las salidas, sin perjuicio de que el correspondiente parte de baja se expida con posterioridad a cada fecha en concreto.

Dichas situaciones asimiladas son diferentes a la situación en que el contagio del trabajador por coronavirus se haya contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo —en los términos del art. 156 LGSS—, ya que en este caso el contagio será calificado como accidente de trabajo con todos sus efectos.

La norma considera dichas contingencias como situaciones «asimiladas» al accidente de trabajo «exclusivamente» para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de la Seguridad Social. Y a estos efectos permite acceder a ella —a la prestación— sin requerir periodos previos de cotización, su percepción se produce desde el primer día, su cantidad ascenderá al 75% de su base reguladora, y ésta se calculará sobre la base de cotización por contingencias profesionales del último mes cotizado —que suele constituir una base mayor que la de contingencias comunes—.

Dado el carácter excepcional de la prestación —referida al ámbito de la Seguridad Social— y puesto que solo se considera accidente de trabajo a efectos de la incapacidad temporal, debe interpretarse que, en caso de que ésta, por complicaciones patológicas, derivara en una incapacidad permanente o incluso en la muerte del trabajador, no cabría  aplicar las normas previstas de forma general para la incapacidad permanente o muerte por accidente del trabajador, puesto que solo existe una «asimilación» a efectos de la incapacidad temporal. Una interpretación contraria conllevaría una indemnización en caso de muerte derivada de accidente de trabajo, y una prestación vitalicia de mayor cuantía en caso de incapacidad permanente proveniente de accidente de trabajo.

En cuanto al recargo de prestaciones, en atención a lo previsto en el art. 164 LGSS, toda prestación económica que tenga su causa en accidente de trabajo (o enfermedad profesional) se aumentará, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de una responsabilidad que recae directamente en el empleador o
empresario que infringe las normas generales de prevención de riesgos laborales, así como las más reciente normativa creada ex novo, y concretada por ejemplo en el RDL 8/2020, de 17 de marzo (art. 5º: Medidas relacionadas con el  trabajo a distancia: preferencia y prevención de riesgos laborales) o en la «Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus», publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cuestión distinta será, dado el contexto en el que nos encontramos, de absoluta incertidumbre social e inseguridad técnica y científica, la de ponderar si la falta de medidas de seguridad o salud laborales está en el origen del contagio del COVID-19 por el trabajador.

Ello no impide, sin embargo, augurar un próximo escenario de notable litigiosidad en el orden laboral, al ser potencialmente numerosos los supuestos de trabajadores que hayan podido contraer la enfermedad por contagio del virus. De ahí que ante la posibilidad de que las empresas puedan verse enfrentadas a responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, si se demuestra que no adoptaron las medidas y acciones necesarias para prevenir la transmisión del virus, surge la dificultad de establecer la relación causa-efecto entre la enfermedad y el trabajo desarrollado.

Al respecto de esta cuestión se plantea la posibilidad de diferenciar entre actividades o trabajos considerados no esenciales de aquellas otras actividades con una mayor exposición al virus o que comportan en su ejecución un riesgo manifiesto (servicios de salud, limpieza viaria, transporte sanitario y alimenticio, etc.), propugnándose para estas últimas que la relación causa-efecto (actividad desempeñada-adquisición del COVID-19) necesaria en la calificación de cualquier accidente como laboral, se presuma que concurre de manera automática, salvo prueba en contrario.

Tal y como apuntábamos, ante el previsible aumento de reclamaciones derivadas de la gestión del coronavirus, los pronunciamientos judiciales que se dicten deberán valorar cada caso en concreto, exonerando de responsabilidad a las empresas —por causas de fuerza mayor— con el argumento de que no les fue posible mantener la seguridad en los centros de trabajo, o condenando a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios en el caso de apreciar falta de la más elemental diligencia.

Y aunque también cabe la posibilidad de que las empresas —los administradores— sean acusadas penalmente de un delito contra los derechos de los trabajadores, el escenario más optimista para los empresarios o responsables de personal de las empresas que se enfrenten a la acción penal pasa por reconocer que la jurisdicción penal solo castiga —principio de intervención mínima— las infracciones más graves, o lo que es lo mismo, aquellos casos en que no se hubiera adoptado ningún tipo de medidas previsoras, es decir, haber actuado con una absoluta falta de diligencia y responsabilidad, vulnerando la normativa citada de preferencia y prevención de riesgos laborales en relación al nuevo coronavirus.

Alejandro-Vazquez

Alejandro Vazquez

Abogado

Pólizas de seguro colectivas: aceptación de cláusulas limitativas por parte del asegurado

El artículo 7 de la Ley de Contrato de Seguro distingue entre la figura del tomador del seguro y la del asegurado: “el tomador del seguro puedo contratar el seguro por cuenta propia o ajena”. Así, mientras que el tomador del seguro es la persona que contrata el seguro en nombre propio y es parte en el contrato; el asegurado es la persona titular del interés asegurado.

En caso que el tomador del seguro lo contrate por cuenta propia, coinciden las figuras de tomador y de asegurado. En cambio, cuando el tomador contrate el seguro por cuenta ajena, tomador y asegurado serán personas diferentes.

Un caso paradigmático de no coincidencia entre tomador y asegurado es el de los seguros colectivos, dónde el tomador es normalmente una asociación o colegio profesional que contrata con el asegurador, siendo asegurados los miembros de la asociación o colegio profesional.

En estos casos, surge la cuestión sobre qué derechos y obligaciones son asumidos por el tomador y cuales corresponden con el asegurado.

Piénsese en la frecuente controversia en supuestos de aseguradoras sucesivas de un mismo colectivo. Ante la notificación del siniestro, habrá que determinar en base a la delimitación temporal de ambas pólizas, cuál de las 2 aseguradoras debe cubrir el siniestro.

Es el caso resuelto en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2019, donde se alegaba que la delimitación temporal de una de las pólizas no se ajustaba al artículo 3 LCS por no estar la cláusula especialmente aceptada por el asegurado. Y en este punto, nuestro Alto Tribunal recuerda que, en matera de seguros colectivos, la jurisprudencia introduce algunas precisiones:

Así, la Sentencia 1058/2007 de 18 de octubre declara que: De acuerdo con el artículo 7 LCS en los casos de distinción entre el tomador y el asegurado las obligaciones y los deberes que derivan del contrato corresponden al tomador, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado. De este principio se infiere la carga de información que pesa sobre el asegurador para cumplir con el principio de transparencia contractual está en relación con la posición que respectivamente ocupan en el contrato tomador y asegurado.

Recordemos que de conformidad con el artículo 7 LCS, el tercer asegurado puede ser una persona determinada o determinable por el procedimiento que las partes acuerden. Con carácter general, podemos distinguir entre aquellos supuestos en que para adquirir la condición de asegurado debe suscribirse un boletín de adhesión de aquellos otros en que la determinación se realiza por el propio tomador del seguro mediante la comunicación de los correspondientes nombres al asegurador dentro de un determinado plazo.

Pues bien, la necesidad de aceptación expresa de las cláusulas limitativas por parte del asegurado, se da en aquellos supuestos en que la determinación de la persona asegurada esté subordinada a un acto de voluntad por parte del solicitante, consistente en su adhesión al seguro colectivo. Así se establece en la STS 27 de julio de 2006, la cual en un supuesto de seguro colectivo en que “los documentos que fueron facilitados al demandante fueron el boletín de adhesión y el certificado de seguro” declara la imposibilidad de oponer al asegurado el contenido de las cláusulas delimitadoras del riesgo incluidas en las cláusulas generales de la póliza, “por cuanto a ellas ha de proyectarse la voluntad contractual en la medida en que integran el objeto de contrato y sobre ellas ha de recaer el consentimiento que lo perfecciona, lo que se resume en la necesidad de aceptación de las mismas previo su conocimiento.

“Es menester pues que cuando la aseguradora interviene expidiendo un documento individual en favor del solicitante que se adhiere a un seguro colectivo y con ello presta su consentimiento para la perfección del contrato, haga constar en el expresado documento con suficiente claridad no sólo la cobertura del seguro, sino también la existencia de cláusulas limitativas, con los requisitos formales exigidos por el artículo 3 LCS”

A sensu contrario, en aquellos casos en que la determinación de la persona asegurada no se realice mediante el denominado boletín de adhesión, no será necesaria la aceptación por parte del asegurado de las cláusulas limitativas y bastará con que hayan sido aceptadas por el tomador del seguro.

María Ruiz

Socia Abogada

ALGUNOS ASPECTOS PENALES Y ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN AL ESTADO DE ALARMA

Ante la especial situación en que nos hallamos, es necesario detenerse unos segundos a analizar en qué grado las extraordinarias medidas de confinamiento tomadas por el Gobierno pueden acarrear consecuencias penales para los ciudadanos en caso de ser inobservadas.

Debemos centrarnos en primer lugar en el (en estos días) tan famoso delito de desobediencia.

El mismo se encuentra regulado en el artículo 556 del Código Penal, con el siguiente contenido:

“1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2.Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.”

Lo anterior ha sido matizado mediante reiterada jurisprudencia (como ejemplo más reciente y paradigmático, la famosa Sentencia número 459/2019 del Tribunal Supremo sobre el caso del “Procès”), habiéndose introducido distintos requisitos para la materialización del delito:

  1. Es necesario que, previo al acto de desobediencia, se haya emitido una orden directa al destinatario por parte de la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones y por la que se imponga al particular una conducta determinada activa o pasiva.
  2. Debe haber una negativa, oposición o resistencia a cumplir dicha orden.
  3. Además, la desobediencia debe ser grave.

Por tanto ¿es posible que la conducta de un ciudadano que abandona su hogar sin causa justificada se traduzca en la imputación de un delito de desobediencia? De entrada y con la debida prudencia que exige un análisis a priori, la respuesta debería ser NO, toda vez que solo puede ser delito de desobediencia la negativa a cumplir una orden personalmente notificada (lo que no ocurre con una disposición de un Real Decreto), con apercibimiento legal de las consecuencias del incumplimiento

En consecuencia, la inmensa mayoría de sanciones que se impongan con motivo del incumplimiento de las medidas de confinamiento serán de carácter administrativo.

De acuerdo con el Real Decreto 463/2020, que impone las medidas de confinamiento, para conocer las potenciales sanciones a aplicar debido al incumplimiento de las mismas se debe estar al texto del artículo 10 de la Ley 4/1981, lo cual a decir verdad genera un nuevo problema que ya se está viendo reflejado en la disparidad de criterios que están utilizando las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para sancionar.

Lo cierto es que dicho artículo permitiría que se sancionase o bien por la Ley 4/2015, de Seguridad Ciudadana (popularmente conocida como Ley Mordaza), o bien la Ley 33/2011 de Salud Pública, o bien la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Al parecer, el problema que se está encontrando en las propuestas de sanción emitidas hasta el momento es que la denuncia se centra en describir que el individuo en concreto ha incumplido los mandatos del Real Decreto 463/2020; sin embargo, dicho Real Decreto establece medidas, no órdenes, y parecería necesario que, ante un incumplimiento, existiera una recriminación por parte de los agentes actuantes, y en caso de un nuevo desobedecimiento, procedería la propuesta de sanción.

Procedería entonces la aplicación del  artículo 36.6 de dicha Ley, que cataloga como infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando ello no sea constitutivo de delito. En cualquier caso, parece ser la norma que los agentes de la autoridad están usando mayoritariamente, con lo cual, pese a que nos encontramos en una situación nueva, todo apunta a que existe cierta viabilidad en la oposición a dichas sanciones. Y no solo por la falta de apercibimiento previo, sino también por la disparidad de criterios que se están siguiendo a la hora de entender que una conducta es reprobable (a modo de ejemplo, en algunas propuestas de sanción se ha discutido la distancia existente entre el hogar y el lugar donde se encuentra un ciudadano que pasea a su mascota, o la lista de alimentos que el ciudadano ha adquirido en el supermercado).

La norma administrativa contempla para las sanciones leves multas de 100 a 600 euros; para las graves, multas de 601 a 30.000 euros; y para las muy graves, que en principio tendrían un difícil encaje con los supuestos del Real Decreto 463/2020, el segmento se mueve entre los 30.001 y los 600.000 euros.

Por su parte, la norma penal anteriormente citada (556.1) contemplaría una multa mínima de 360 euros y una máxima de 216.000 euros, y en la vertiente de delito leve (556.2), una multa mínima de 60 euros y una máxima de 36.000.

 

Por último, un aspecto que ha quedado ciertamente descubierto es el relativo a los plazos de prescripción no ya de los actos procesales, sino de los delitos y penas.

El Estado de Alarma (Ley Orgánica 4/1981) permite instaurar una serie de medidas numerus clausus entre las que no se encuentra la suspensión de la actividad del Poder Judicial. Hemos podido observar que no se ha producido una suspensión en general, sino una suerte de limitación, pues algunos actos judiciales seguirán llevándose a cabo debido a su carácter urgente (Habeas Corpus, actuaciones con detenidos y los demás supuestos contemplados en los apartados segundo y tercero de la Disposición Adicional segunda del Real Decreto 463/2020).

Sin embargo, más allá de ello, es sencillo comprender que existe una diferencia no solo sustantiva, sino cualitativa, entre la suspensión de los plazos procesales, la suspensión de los plazos para ejercitar acciones y derechos y la suspensión de los plazos de prescripción de delitos y penas. A priori debería entenderse que esta última no se ha producido, pues por su entidad no cabe una aplicación analógica de la norma, y que siguen corriendo dichos plazos de forma ordinaria.

Desde la perspectiva de los abogados defensores, la falta de claridad en este aspecto será probablemente un nuevo caballo de batalla en el futuro más próximo. La primera baza de defensa se encontraría en el rango de ley de dicha norma (“la norma superior prima sobre la inferior”), pues de interpretarse finalmente que el Real Decreto 463/2020 ha suspendido los plazos de prescripción de delitos y penas, ello entraría claramente en colisión con una Ley Orgánica como es el Código Penal y con la propia Constitución española. El artículo 25 del la Constitución, principio de legalidad penal, no está entre aquellos que pueden ser suspendidos, de acuerdo con el artículo 55 del mismo texto (que ni siquiera está pensado para el Estado de Alarma, sino para el de Excepción o el de Sitio; no obstante, para evitar dudas sobre el resto de medidas tomadas en el Decreto, y principalmente la más gravosa para los ciudadanos, esto es, la libertad de circulación, ésta no ha sido suspendida, sino limitada, de acuerdo con aquello que el Estado de Alarma sí permite). Tampoco se ha suspendido el artículo 24, que contempla el derecho a la tutela judicial efectiva y que en materia penal debe tener, si cabe, una incidencia aún mayor, siempre en pro de garantizar los derechos del justiciable. ¿Hasta qué punto sería entonces constitucional que un delito o la pena derivada del mismo alargase su plazo de prescripción debido a la suspensión por el Estado de Alarma, en claro detrimento del justiciable, rompiendo las reglas más elementales del Derecho Penal?

 

David Medrano

Abogado

seguros ofcina

EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN ENTRE ASEGURADORAS POR CONCURRENCIA EX ART 32 LEY 50/1980

Como ya es conocido, el artículo 32 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, regula los supuestos de concurrencia de seguros, es decir, la situación generada cuando dos o más pólizas proporcionan cobertura para un mismo riesgo.

Por ello, establece el citado precepto que “los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño”.  Y, en este sentido que “el asegurador que ha pagado una cantidad superior a la que proporcionalmente le corresponda podrá repetir contra el resto de los aseguradores.”

seguros ofcina

Precisamente el plazo de prescripción para el ejercicio de dicha acción de reembolso, ha dado lugar a dos posicionamientos, que parten de dos principios distintos, a saber:

a.-) El primero de ellos, sostiene que se trata de una acción derivada del propio contrato de seguro, por lo que el plazo de prescripción es de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la propia Ley de Contrato de Seguro, en sede de duración de contrato de seguro y prescripción, para las acciones derivadas de seguro de daños.

b.-) El segundo, sostiene que se trata de una acción de carácter personal, por cuanto su naturaleza jurídica es la de regreso y de reembolso, y por ende, de aplicación los artículos 1145 y 1158 del Código Civil, en sede de obligaciones, respectivamente. Por ello, el plazo de prescripción sería el de estas acciones 5 años (1964. 2 Código Civil) o 10 años (artº 121-20 CCAT), 

Este último criterio ha sido el adoptado por la Sentencia de la AP de Barcelona núm. 10/2020, Sección 16ª, de 30 de enero de 2020, Ponente Jordi Sans Fernández.

Efectivamente, no puede negarse que la acción ejercitada ex artº 32 LCS tenga su razón de ser en la existencia del contrato de seguro. Sin embargo, cuestión distinta son los derechos y obligaciones dimanantes del pago de la prestación entre las aseguradoras que se hallan en situación de concurrencia, así como la naturaleza jurídica de la acción para reintegrar a su patrimonio las cantidades satisfechas por cuenta de otro asegurador, que son de carácter personal.

Roman_Pinana_GES40_1

Román Piñana

Socio Abogado

Moratoria en el pago de hipotecas

La actual situación de crisis sanitaria y las medidas de confinamiento adoptadas tienen un impacto inconmensurable en la economía doméstica. En este contexto, una de las medidas adoptadas por el Gobierno es la previsión de una moratoria en el pago de las hipotecas destinadas a la compra de vivienda habitual, medida destinada sólo a los supuestos de vulnerabilidad económica.

En concreto, se prevé en los artículos 7 al 16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Los requisitos para poder optar a esta moratoria son:

En primer lugar, debe tratarse de un préstamo garantizado con hipoteca inmobiliaria para la adquisición de la vivienda habitual. Por lo tanto, en virtud de esta medida, no puede solicitarse el aplazamiento de otro tipo de préstamos personales sin garantía real, ni tampoco a los préstamos inmobiliarios cuyo destino no sea la adquisición de la vivienda habitual.

Ante esto, surge la cuestión sobre si la moratoria es aplicable a las segundas hipotecas sobre la vivienda habitual cuyo destino sea distinto de la adquisición de la vivienda. Por ejemplo, los préstamos destinados a la financiación de un negocio.

 

En segundo lugar, para poderse beneficiar de esta medida, el deudor debe encontrarse en los supuestos previstos de vulnerabilidad económica:

a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

i.Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM)

ii.Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

iv.En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v.En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto siguiente.

Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

El plazo para lo solicitarlo se extiende hasta quince días después del fin de la vigencia del real decreto-ley que en principio está previsto para un mes desde su entrada en vigor, por lo que en principio, se podrá solicitar hasta el 3 de mayo.

La solicitud debe efectuarse ante el acreedor, es decir ante el banco o entidad financiera que haya concedido el préstamo, quien deberá implementarla en un plazo máximo de 15 días.

La implementación de la moratoria comportará que durante su periodo de vigencia, la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses ni ordinarios ni moratorios.

El texto legal prevé una disposición destinada a disuadir del abuso de esta medida extraordinaria, disponiendo la responsabilidad del deudor por los daños y perjuicios que haya ocasionado como consecuencia de su indebida aplicación sin reunir los requisitos para ello, así como los gastos generados por la aplicación de estas medidas, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden.

Sobre el importe de los daños y perjuicios producidos, la cuantificación se antoja complicada, puesto que el daño para las entidades financieras de esta impuesta refinanciación se producirá en todo caso tanto en los supuestos en que su aplicación sea debida como indebida. En cualquier caso, el importe de los daños y perjuicios no puede resultar inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma.

Finalmente, también incurrirá en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas, correspondiendo la acreditación de esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el préstamo o crédito.

Comunicado de Ges40 Legal Services en relación con el Covid-19 y la declaración de estado de alarma

A la vista de la situación de Emergencia Sanitaria por Covid-19 y la declaración de estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, en GES40 Legal Services hemos decidido adoptar las siguientes medidas a fin de salvaguardar la salud de nuestros clientes, trabajadores y proveedores:

– El personal de Ges 40 Legal Services continuará atendiendo las necesidades de todos sus clientes mediante la conexión remota desde sus domicilios particulares.

– La atención telefónica será de 9.00h a 14.00h

Les recordamos, los aspectos clave que a nivel jurídico-procesal se establecen en el Real Decreto 463/2020

  • Suspensión general de plazos y términos procesales y administrativos

En general, se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales y para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

  • Excepciones para actuaciones urgentes:

Se establecen algunas excepciones con carácter general, para actuaciones urgentes, como son las encomendadas a los servicios de guardia en el orden jurisdiccional penal, entre otras.

Igualmente se establece la posibilidad de que el juez, tribunal o bien el órgano administrativo competente acuerde la práctica de actuaciones judiciales necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

  • Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

No duden en contactar con nosotros para ampliar esta información o bien la relativa a sus expedientes en: info@ges40.com

La Responsabilidad Profesional de los Corredores en el  Real Decreto-Ley 3/2020 para la transposición de la Directiva de Distribución de Seguros

El texto que finalmente ha sido aprobado para transponer la Directiva de Distribución de Seguros en lo relativo a la responsabilidad de los corredores se ha visto modificado en relación con el último Proyecto de Ley presentado en el Congreso el pasado 7 de junio de 2018.

En efecto, el Proyecto en su artículo 29 relativo a concepto de corredor eliminaba las referencias a las funciones del corredor relativas a velar por las concurrencia de requisitos que ha de reunir la póliza para su eficacia y plenitud de efectos y también a asesorar en caso de siniestro que si se contenían en la Ley 26/2006.

El nuevo texto aprobado por Real Decreto- Ley recupera dicha mención y mantiene la redacción de la Ley 26/2006 en lo relativo a las funciones de los corredores. Así, el artículo 155 del Real Decreto-Ley establece:

Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de distribución de seguros, ofreciendo asesoramiento independiente basado en un análisis objetivo y personalizado, a quienes demanden la cobertura de riesgos. Los corredores de seguros deberán informar a quien trate de concertar un seguro sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer la cobertura que de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapte a  las necesidades de aquel; asimismo, velarán por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenitud de efectos. Igualmente vendrán obligados durante la vigencia del contrato de seguro en que hayan intervenido a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclamen sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarles su asistencia y asesoramiento.

El motivo por el cual habían quedado eliminadas dichas funciones del corredor de su regulación resulta desconocido, posiblemente haya sido un olvido del legislador.

Veremos que ocurre con el debate y votación para la convalidación del Real Decreto-Ley en el congreso que tiene que tener lugar en el plazo máximo de 30 días, posiblemente el texto permanecerá inalterado.

Transposición de la Directiva de Distribución de Seguros

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea.

El Real Decreto-Ley que consta de 2 libros y transpone 6 Directivas, entre ellas, la Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, entra en vigor el 6 de febrero de 2020, día siguiente a su publicación en el BOE.

La finalidad de la norma, según su propia exposición de motivos es garantizar la protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios por contrato de seguro, así como promover la libertad en la contratación de productos de naturaleza aseguradora.

Las principales novedades de la nueva regulación se centran en la regulación exhaustiva del deber de información al cliente de productos de seguros, detallándose la información general previa a proporcionar por la entidad aseguradora, la información previa que debe facilitar el mediador de seguros, la información y asesoramiento previos a la suscripción del contrato de seguro y el documento de información previa en el contrato de seguro.

El distribuidor de seguros deberá además informar acerca de la remuneración recibida en relación con el mismo. Esta obligación se concreta para los mediadores de seguros con la obligación de informar si en relación con el contrato, trabajan a cambio de un honorario, de una comisión, de cualquier otro tipo de remuneración.

En cuanto al régimen transitorio, se establece un plazo de adaptación de 3 meses tanto para aseguradoras y reaseguradoras como para los mediadores de seguros.

El real decreto no será de aplicación a los contratos de seguro suscritos con anterioridad a su entrada en vigor.

En cuanto a los contratos de mediación y distribución de seguros celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, deberán adaptarse a las nuevas obligaciones de información y normas de conducta que resulten aplicables.